La “bancada parlamentaria” de la araucanía concordó esta semana con el ejecutivo, impulsar tres proyectos legislativos que resumirían los resultados obtenidos en las mesas de dialogo implementadas tras los trágicos sucesos de Vilcun. Estos serían, la creación de un consejo de pueblos indígenas; la reglamentación del deber de consulta a los pueblos indígenas, y; la creación de una “ley araucanía” que permitiría mayores inversiones.

El primer proyecto es un ensayo colonial por medio del cual los pueblos indígenas, sin consideración de sus especificidades étnicas y de la particular relación histórica que cada uno ha tenido con el estado, tendrían que pronunciarse sobre las políticas públicas que se les destinen en cuanto categoría social (“los indígenas”) y no como pueblos asentados territorialmente. Por ello, no es casualidad que el proyecto de ley para la elección de consejeros regionales no fuese consultado con ellos y que se desestimara una moción para incorporar una formula especial que garantizara la representación indígena en los futuros concejos regionales. Para los legisladores, las políticas indígenas y las políticas regionales y territoriales corren por carriles separados.

La creación de un “consejo de pueblos indígenas” es una burla a las identidades específicas y a los derechos que dichos pueblos tienen sobre sus territorios y recursos naturales, y frente a ello, los mapuche han hablado en años pasados tanto de un  parlamento propio, como de una asamblea de conformación plural que gobierne el Wallmapu (el proyecto de autonomía que impulsa Wallmapuwen). Ambos proyectos aspiran a ejercer derechos sobre el territorio que constituye el país mapuche y cuenta con respaldo en los tratados internacionales sobre derechos indígenas suscritos y ratificados por Chile.

Respecto de la reglamentación del deber de consulta, el gobierno ha desoído las recomendaciones del Relator James Anaya sobre principios internacionales aplicables a estos procesos, enfrascándose en la discusión de un mecanismo de consulta con participación a dedo y que se ha desarrollado a hurtadillas contando con la complacencia de algunos consejeros indígenas de la Conadi. Es imposible que un reglamento surgido de este proceso goce de legitimidad ante los pueblos indígenas y da prueba de la subordinación del gobierno a las presiones de los gremios, que ven en el Convenio 169 una amenaza a sus inversiones.

Finalmente, las promesas de mayores recursos para la araucanía no sirven de nada si la propia región no puede decidir los montos y en que invertirlos. Tampoco la región cuenta con una política tributaria diferenciada que le permita romper la dependencia del gobierno central y captar para si los impuestos de las grandes empresas extractivas que esquilman al Wallmapu. Mucho menos puede escoger a sus autoridades locales, ni contar con partidos políticos propios, lo que desde ya la pone en desventaja frente a los “intereses nacionales” representados por los partidos políticos chilenos, si es que prospera el inconsulto proyecto de elección de concejeros regionales

En suma, “la bancada regional” propone simples voladores de luces, pero ella misma no es más que una ficción en el contexto de un congreso unitario, conformado sobre la base de un sistema electoral que impide o limita severamente la representación de los intereses de las regiones y de los pueblos que conforman la porfiada diversidad de la fértil provincia.

Fuente: El Quinto Poder.