01-07-1946

Nueva ley de tierras indígenas

Algunas veces parece paralizarse la acción del tradicional buen sentido del parlamento chileno y salen de las cámaras, como fruto de debates superficiales y de despachos apresurados, leyes en desarmonía con las necesidades nacionales o abiertamente reñidas con la realidad y sus exigencias. Tal parece haber ocurrido ahora y así se piensa, cuando se conocen los términos de la reciente ley sobre restricciones y limitación de la capacidad de los araucanos que con efectos retroactivos a partir desde el 11 de febrero de 1943, ha sido despachada por el Congreso.
No se podía, en verdad, legislar más equivocadamente. No solo el mero detalle de la retroactividad de aquella ley foco de dificultades fácilmente imaginables, es merecedor de inmediatas objeciones. Lo es también el espíritu mismo que ha retornado a presidir las iniciativas parlamentarias, respecto a los problemas de la Araucanía, al volver a entorpecer la extensión de progreso y de la modernidad sobre los vastos lares indígenas.
La Ley no debiera, de manera alguna, oponerse a la incorporación de las propiedades indígenas a un ritmo más dinámico de producción. Por el contrario, debieran los parlamentarios ir al estudio de un plan agrario espléndidamente organizado, ojala a manera de cooperativas que tiendan a incrementar la producción de extensas zonas del lar agrícola sureño hasta hoy inexplorados por la característica desidia indígena, por su falta de capitales y por su restringida visión del porvenir. Si lejos de adoptar iniciativas en tal sentido, los hombres se dedican en cambio a retrogradar en lo avanzado respecto al problema indígena, perjudicando con ella caso exclusivamente al radio regional de Cautin, quiere decir que el parlamento no sólo permanece estagnado en tal orden, sino que –he aquí lo peor– lleva una política a la inversa, diametralmente opuesta al interés general de la colectividad.
Quienes conocen la fisonomía de la producción agraria de Cautín saben muy bien que la barrera, el dique contra un mayor progreso de la economía regional, reside precisamente en las tierras que por estar en manos ociosas han venido a formar un circuito negativo, visible a una simple ojeada y conocido bajo la expresión gráfica de “El cinturón suicida de Cautín”. Allí no florece el trabajo y el progreso no infiltra sus savias fecundas. Para esas tierras no roge, de manera alguna, el imperativo categórico de producir, que alcanza hoy ribetes de íntima urgencia y dramatismo, porque el hombre está padeciendo hambre en muchos rincones del orbe.
No se comprende como en la Casa de la Ley, llamada a la observación acuciosa y a la honda meditación por lo delicado y trascendental de sus funciones, pueden ignorarse detalles de tal magnitud. Por fortuna, cuando el tamiz parlamentario no cumple debidamente su misión colectiva, queda el recurso del veto presidencial para impedir que una iniciativa equivocada incida contra el interés de la colectividad.
En aquel recurso, cuya aplicación ya se ha pedido a S.E. el Vicepresidente de la República, don Alfredo Duhalde, descansa ahora la esperanza de ver impedida la aplicación de la ley que vuelve a dejar en vigencia la limitación de la capacidad de los indígenas, por cuanto su promulgación –aparte de producir serios trastornos de orden jurídico- significaría reaccionar a un concepto legislativo caduco y pernicioso para el adelanto del país.
Un Gobierno cuyo lema es producir, debe meditar mucho sobre sus responsabilidades antes de promulgar la Ley en referencia. Si lo hace, seguramente la vetará.